Caso Aguayo y la libre expresión

Reforma

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El autor, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, considera que el periodismo trata de la posibilidad de informar y opinar sobre la fama, reputación, acciones y omisiones de quienes han pedido un voto de confianza a la ciudadanía, sin temor a sufrir represalias u hostigamiento. De allí deriva el principio de que funcionarios y personas públicas están sometidas a un escrutinio mayor que el ciudadano común, lo que incluye soportar la crítica -incluso injusta- y la obligación de rendir cuentas ante el pueblo. Es decir, que el derecho a la libertad de expresión protege de manera más robusta las expresiones que cuestionan la reputación, el honor o la privacidad de personas o funcionarios, porque de ello depende el control democrático que ejerce la prensa. México a nivel federal ya derogó en 2007 los delitos de difamación e injurias, en lo que constituyó un avance para la democracia; estos principios se encuentran a prueba en México, debido a una serie de decisiones judiciales que afectan al periodista Sergio Aguayo, quien fue demandado en 2016 por el ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira. Este caso merece ser resuelto por el Poder Judicial de la Federación, de modo que la decisión explique de forma transparente el razonamiento y los criterios aplicados para ponderar los derechos en juego