Jaque Mate

Reforma

Columna

No es cuestionable el que exista una legislación que sancione el daño moral, la difamación o la calumnia, pero de ahí a utilizar la ley para que los poderosos coarten la libertad de expresión hay un amplio margen. Este uso discrecional se ha visto en casos como el de Lydia Cacho y por eso se eliminó la difamación de los códigos penales. Ahora lo vemos en la demanda civil por daño moral que Humberto Moreira ha promovido contra Sergio Aguayo, quien fue demandado por Moreira en 2016 por un artículo en el que hablaba del "hedor corrupto" del ex gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI. Moreira había sido detenido en España por presuntos actos de lavado de dinero y corrupción, aunque el caso fue sobreseído posteriormente. Aguayo fue absuelto en primera instancia en 2019, pero la sexta sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX lo condenó a pagar una indemnización por 10 millones de pesos. Es importante tener leyes que protejan a las personas de imputaciones falsas y dolosas, pero sin restringir la divulgación de hechos ciertos, como la detención de un político en España, o de opiniones críticas